Estallido Social y Reivindicación: eje estratégico y razón de ser de nuestra labor
Cronología y desarrollo del estallido social en Colombia
En abril de 2021, una polémica reforma tributaria denominada Ley de Solidaridad Sostenible presentada por el gobierno del ex presidente Iván Duque, desató protestas masivas en varias ciudades del país.
La reforma económica proponía, entre otras cosas, ponerles impuestos a productos básicos de la canasta familiar, aumentar el costo de la gasolina, ampliar la base gravable del impuesto de renta, imponer un impuesto solidario para salarios altos, poner impuesto al patrimonio por dos años, el Impuesto de Valor Agregado (IVA) para los servicios funerarios y los servicios de internet, entre otros.
Según los argumentos del entonces ministro de Hacienda que lideró el proyecto, Alberto Carrasquilla, la iniciativa fiscal buscaba obtener recursos por el equivalente a US$ 6.000 millones anuales (equivalente a un 2% del producto Interno Bruto) para poder continuar con los programas sociales de asistencia a los más pobres y a quienes lo han perdido todo por la pandemia de covid-19.
El punto más polémico del proyecto era el cobro de impuesto a la renta a personas que ganaran un sueldo mensual de más de $3.200.000, en un país donde el salario mínimo es de $1.130.000.
Parte del descontento del país tiene que ver también con los problemas que ha ocasionado la pandemia del covid-19 y la falta de reacción de los organismos públicos para solucionarlos. Esto acrecentó, así mismo, la indignación que ya se había manifestado en las movilizaciones de noviembre de 2019. Hay que anotar que la economía colombiana tuvo un desplome del 6,8% y el aspecto donde más se notó fue en el desempleo, que llegó a una cifra de 4,1 millones de colombianos sin trabajo, todo esto sumado al cierre de más de 500.000 negocios en el último año.
Además, de acuerdo a datos de la propia Dirección Nacional de Estadísticas de Colombia (DANE), se conoció que 2,3 millones de hogares solo ingieren dos comidas al día y que el 19% de las familias no cuenta con ahorros para sobrellevar esta situación.
Adicional a esto, hubo otras razones del estallido social: los asesinatos a los indígenas y los afectados por el conflicto armado. Por otro lado, hubo un enfado ciudadano por la gestión en general del Gobierno, que no fue buena, y el cansancio propio de la pandemia.
Asimismo, una de las grandes causas de malestar social ha sido la acción de la ESMAD, los escuadrones de control antidisturbios, que se sobrepasaron totalmente en sus funciones y han cometido violaciones de derechos humanos flagrantes.
Desde el 28 al 30 de abril, cuando iniciaron las manifestaciones ciudadanas contra la reforma tributaria, la cifra oficial era de al menos una persona muerta en las protestas, y decenas de policías y manifestantes heridos. La ONG Temblores reportaba más de 100 heridos por el accionar de la Policía Nacional, al menos 4 muertos en las protestas y cientos de detenciones arbitrarias.
La jornada de protesta del 28 de abril se realizó en medio de un alarmante aumento de contagios de covid-19 en el país: ese día se reportaron 19.745 casos, la cifra más alta desde que se declaró la emergencia sanitaria. Para esa fecha, Colombia registraba 2,8 millones de casos positivos y más de 72.000 personas muertas por covid-19.
En Cali, donde la situación de orden público era complicada para ese entonces, el gobierno desplegó al menos 4.000 soldados y policías para custodiar la ciudad para las manifestaciones del Día del Trabajo del 1º de mayo.
Al 2 de mayo, las protestas no cesaban y el presidente Duque ordenó el retiro de la reforma tributaria. Según el Defensor del Pueblo, para ese momento se registraban seis muertos —cinco civiles y un policía— en medio de las protestas por la reforma tributaria, así como 179 civiles y 216 policías heridos.
Por su parte, la vocera de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, la comisionada Juliette de Rivero, declaró que miembros de su equipo habían sido amenazados y atacados en Cali, mientras investigaban protestas por un proyecto de ley de reforma tributaria. Horas antes, Rivero compartió su preocupación por la información que estaba recibiendo sobre un número no confirmado de muertes en la zona de Siloé de la ciudad de Cali.
Para el 5 de mayo las manifestaciones, que en varios lugares se volvieron violentas en las noches, ya dejaban al menos 24 muertos en todo el país, según la Defensoría del Pueblo.
Por su parte, la ONG Temblores denunciaba al menos 31 muertes de manifestantes a manos de la policía, más de 1.400 casos de violencia policial, 814 detenciones arbitrarias, 10 casos de violencia sexual por parte de la fuerza pública. Lejos de frenar las protestas, la presunta brutalidad policial se convirtió en un punto focal para los manifestantes, que exigieron una investigación internacional independiente sobre las muertes.
Para el 7 de mayo, organizaciones como la Mesa de Articulación en el marco de las protestas en Colombia, reportaban 27 homicidios en el marco de manifestaciones, 11 ligados directamente al hecho, 7 en verificación y 9 no relacionados con protestas. Además, informaron de 548 presuntos desaparecidos, 189 personas ubicadas y 359 en proceso de verificación y ubicación, información establecida de manera conjunta entre la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Y la ONG Temblores, que ha llevado el registro de denuncias de violaciones de derechos humanos en las manifestaciones, ha reportado 37 muertes de manifestantes por parte de la policía hasta el 6 de mayo.
El 9 de mayo, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) denunció lo que catalogó como un “ataque armado” en el sur de Cali, que dejó al menos ocho personas heridas de bala. Miembros del CRIC se movilizaron a esta ciudad desde finales de abril para apoyar las manifestaciones contra el gobierno. Las protestas han sido particularmente violentas allí: responsables de la misión de la Oficina de Naciones Unidas para Derechos Humanos “han sido testigos del uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía”, según ha señalado la portavoz de esa agencia de la ONU, Marta Hurtado.
Hasta ese momento las autoridades registraban al menos 27 muertos en las protestas, 364 civiles y 41 miembros de la fuerza pública heridos durante los disturbios, según la Defensoría del Pueblo.
El 10 de mayo y, tras la reunión con el Gobierno, el Comité Nacional de Paro dio a conocer que no se llegó a un acuerdo tras la primera sesión de diálogo que llevó a cabo en la Casa de Nariño.
Fuentes informativas