El alcalde que le dio la espalda a su pueblo 

Víctor Hugo Vidal Piedrahita se convierte en otro mandatario de Buenaventura que quedará Inhabilitado por actos contrarios al buen gobierno. Incumplió con devolverle la dignidad a su gente.  

Cogobernando con el Comité del Paro Cívico fue inferior al propósito del paro del 2017 de donde salió su respaldo.

En enero del 2021, para el día de Reyes Magos, el alcalde de Buenaventura, Víctor Hugo Vidal Piedrahita, regresó a su cargo después de haberse contagiado por Covid en diciembre y estar por más de 30 días incapacitado. Luego, casi un año después, en septiembre del 2022, una descompensación lo llevó de nuevo a una clínica en Cali. La incapacidad del mandatario fue extendida hasta el 13 de enero de 2023.

 Las dos incapacidades del burgomaestre, según fuentes no confirmadas habían tenido un antecedente de indagaciones o acciones de la fiscalía. El mismo alcalde desmintió y señaló que era un ataque de sus contradictores. Hoy, al cumplirse su periodo desde el 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2023 y luego de afirmar que haría historia la Contraloría Distrital, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación profirieron fallo que determina anuncia una inhabilidad de 5 años que empezaría el 21 de noviembre y concluiría el 20 de noviembre de 2028.

Durante este tiempo no podrá contratar con el Estado ni podrá ejercer cargos públicos. No obstante, la notificación de la misma será definitiva para saber si puede seguir en el cargo hasta el final. Esta misma semana, Vidal Piedrahita debe responder el aplazamiento de una orden de arresto por incumplir una tutela que ordenó el pago de más de $5 millones y 15 días de reclusión. Y aunque en su cuenta X (antes twitter) dijo que: “Con la ayuda de Dios.

Se van a quedar con las ganas…” en consecuencia con un titular en la emisora WRadio que recoge una decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos frente a lo sucedido al entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, pero que sin embrago existe “una realidad plana, ya que un alcalde, gobernador o cualquier otro servidor público de elección popular que haya sido declarado responsable fiscalmente no puede ejercer un cargo público de elección popular”. El 25 de agosto del 2022, ya la Contraloría había impuesto una sanción económica al alcalde Vidal, a través de la resolución 19 de 2022 la Dirección de Responsabilidad Fiscal, Jurisdicción Coactiva, Sancionatoria y Disciplinar.

En entidades sujeto de control dentro del Plan de Vigilancia y Control Fiscal establecido para la presente vigencia, empezó en marzo y por tres meses, arrojó: En el desarrollo de la auditoría con enfoque financiera y de gestión para la vigencia 2022 la Alcaldía Distrital, obtuvo los siguientes hallazgos: fiscales 8 por un valor de $1.844,334.678,28, disciplinarios 31 y administrativos 49. La auditoría que se efectuó a la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo SAAAB S.A. ESP: 6 hallazgos fiscales por un monto de $1.120,831.240 el informe consolida 21 administrativos, disciplinarios 18, penales 1 y sancionatorios 1. En la especial a Hidropacífico S.A. E.S.P. que fue motivada por una denuncia: 4 administrativos, 1 sancionatorio, 3 disciplinarios, 1 penal y fiscales 1 por $2.143,802.654.

Se destaca en la auditoría a la Alcaldía que la observación es negativa por cuanto los estados financieros no se presentan razonablemente a diciembre de 2022, en el manejo del presupuesto evidenció debilidades en los mecanismos de control y en el seguimiento a los 32 hallazgos del 2021, la entidad no cumplió con el plan de mejoramiento.

De la misma manera, los hallazgos fiscales son: No.7 por valor de $524.045.981 por pago de intereses moratorios por incumplimiento de funciones. No.9 con incidencia disciplinaria por $1.071.607.697.28 por pagos de interés de laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales. No.30 con incidencia disciplinaria por $2.294.300 por falta de consignaciones por venta de tiquetes de ingreso al Muelle Turísticos. No.32 con incidencia disciplinaria por $23.900.000 por incumplimiento de las actividades de los contratos. No.33 con incidencia disciplinaria por $61.500.000 por ausencia de supervisión en los contratos de prestación de servicio. No.34 con incidencia disciplinaria por $28.000.000 por falta de idoneidad del contratista. No.36 con incidencia disciplinaria por $129.436.700 por incumplimiento en la entrega total del objeto contractual. No.38 con incidencia disciplinaria por $3.550.000 por deficiencia en supervisión de contratos.

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