Nuestra apuesta: Reconocer a los empresarios micros, pequeños y medianos, como actores vitales en la dinámica económica del país, consolidando la democracia como alternativa social y política.
En Colombia, como en muchos países de la región y del sur del mundo, el 99% de la dinámica económica de sus mercados internos está sustentada en un enorme tejido multi sector, multi tamaño y multi región de empresas urbanas y rurales. Las cuales, en su inmensa mayoría, surgen de la iniciativa personal, familiar y/o de personas cercanas que deciden invertir ahorros y endeudarse, para acometer el riesgo de iniciar empresas de servicios, de comercio, de manufactura o de tecnología digital, para suplir muchas de las necesidades y expectativas de las comunidades en las que hacen presencia.
El asunto es que este universo surge y crece “a pesar del Estado” y no con el favor del Estado. La cuestión es que aún, en pleno Siglo XXI, hay miradas, lecturas y voces, que asimilan al empresario mipyme (micro, pequeño y mediano), con el gran capital. Y por tal razón lo sindican prejuiciosamente como enemigo social, en tanto que su rol, dicen, es el de la explotación capitalista.
“A pesar del Estado” significa denunciar que el funcionariado estatal, en su inmensa mayoría, ni sabe de empresa, ni le interesa saber. Pues la ideología predominante en los entornos gubernamentales es la del oficioso de rentas públicas que tiene el poder de imponerlas, mediante la Ley y la franquicia, de agotarlas, sin que propiamente pueda temer al desperdicio en su uso, bien por impericia, por irresponsabilidad o por simple falta de honradez.
El mismo Estado, que desconoce la importancia de la empresa como conectora social y democrática, no tiene los mecanismos para evitar el desangre de lo apropiado por vía de la imposición legal. Los casos emblemáticos de esta situación están a la orden del día en las oficinas de la DIAN, en las de las Secretarías de Hacienda de los municipios y departamentos, en las de las Superintendencias de Sociedades y de Industria y Comercio, y demás entidades.
En las mipymes (micros, pequeñas y medianas empresas) está la “economía del trabajo”. Si entendemos al trabajo como uno de los factores económicos de producción más importantes, entonces debemos reconocer que en las mipymes el denominador común es el trabajo, antes que el capital y los demás factores.
El dueño o dueños, generalmente los emprendedores, “trabajan” en la empresa; los empleados “trabajan” en la empresa; los contratistas que hacen obras o servicios especiales para la empresa, “trabajan” para ella. Casi todos sus proveedores son mipymes en las que sus integrantes “trabajan” dentro de ellas.
Estamos pues ante la economía movida por personas trabajadoras, personas con voz y rostro, que pueden ser vecinos, antiguos empleados, antiguos proveedores, colegas de estudio, entre otros roles. Esta es la economía de cercanía, la de los circuitos de desarrollo económico local, la que fortalece los mercados internos, mantiene la proveeduría y el intercambio de bienes y servicios, contribuyendo así a la paz social y al bienestar económico.
En el andén de enfrente nos encontramos con “otra economía del trabajo”, desinstitucionalizada, desamparada y entregada al garete a mafias de poderosos intermediarios, legales e ilegales, que aprovechan la necesidad de sobrevivencia de la gente.
Estos son quienes les montan en andenes, esquinas, centros de los municipios, parques y demás lugares estratégicos, pequeños emprendimientos en los que estos “trabajadores no formalizados”, consiguen el mínimo para su sobrevivencia, sin muchas posibilidades para su crecimiento y acumulación. Esta otra economía del trabajo es la que el actual gobierno aspira a integrar como “economía popular”, urbana y rural.
Esta economía del trabajo, la formal institucionalizada y la informalizada, es la que me interesa. Pues ella responde por el 80% del empleo formal y por el 100% del empleo informal conformado por el universo de trabajadores cuenta propia, ambulantes, autónomos, rebuscadores. Además, sabemos que la primera aporta el 60% del PIB y asumimos que la informalizada responde como mínimo con un agregado del 20% adicional al PIB.
Si asumimos como un solo conjunto la “economía del trabajo”, con dos subconjuntos bien diferenciados, tendremos que pensar en alternativas de políticas públicas y programas de atención que permitan cohesionarlos en el tiempo. Para ello, las Cámaras de Comercio, las Cajas de Compensación Familiar, las cooperativas de todo tipo, las asociaciones de productores y comerciantes, los pequeños gremios sectoriales, el SENA, el sistema educativo para el trabajo y superior, la banca pública y cooperativa, los programas y fondos ministeriales, juegan como principales.
