texto y fotos Isabella Bernal Vega.

Un mineral usado como combustible fósil produce el 40 % de la energía global y se le achaca el consecuente cambio de temperatura que hoy nos tiene sumidos en la preocupación por la continuación de la vida en el planeta. En el norte de Boyacá, la gente vive de su extracción y se hace muchas preguntas sobre un posible cambio de paradigma energético. El siguiente reportaje aterriza algunas de las encrucijadas que habría que tener en cuenta en el futuro inmediato.

I

Este no es un pueblo de senderos adoquinados para turistas de fin de semana, como otros de Boyacá. Socotá existe sobre la depresión de un terreno montañoso a la que se llega por una vía estrecha que zigzaguea los abismos del comienzo del cañón del Chicamocha. Nadie viene acá de casualidad. En la ruta no hay venta de ruanas ni canastos, sólo altares a la Virgen del Carmen hechos con llantas y rines en desuso. En el borde de la carretera hay niños que esperan el bus escolar mientras que los adultos suben por caminos de herradura con ayuda de las pocas mulas que todavía se ven por aquí.

Aún no es mediodía y el pueblo sigue en calma. Los mineros que entraron a las cuatro de la mañana para hacer el primer turno de la jornada no han salido de los socavones. Los pocos transeúntes que se ven caben en una cafetería, la única abierta a esta hora. Atiende una mujer joven que me sirve un pocillo de tinto sin preguntar. “¿Azúcar?”, dice retrocediendo hacia el mostrador. Aquí la actividad social comienza después de las cinco de la tarde, cuando los mineros llegan con sus herramientas de trabajo atadas al cuerpo y las mujeres salen de misa.

Por la ventana veo la plaza central, lugar en el que gira la vida del pueblo. Fue construida en el siglo XVII por indígenas y sacerdotes misioneros con la idea de imitar un caserío español, con la parroquia a un lado, la alcaldía al otro y el banco y las casas de las familias más tradicionales en el resto del recuadro. Sobre un costado hay una estatua esculpida en piedra de un hombre con ruana y sombrero que sostiene un azadón en la mano izquierda. A sus pies se lee: por el Pueblo campesino. Un monumento como prueba de que alguna vez aquí tuvieron la vocación de cultivar la tierra.

A la cafetería entra un cliente de unos sesenta años que lleva a sus espaldas una especie de serrucho flexible con cacho de madera que sobresale a lado y lado de su cadera, junto con una pica anclada al cinturón. Se sienta y pide una gaseosa que se toma en dos tragos. En eso, suenan las campanas de la iglesia. Ya son las doce, hora en que comienza el segundo turno en los socavones. El hombre se para de la mesa y se despide con una energía capaz de enterarnos a todos de su salida. Sale en su moto y lo veo trepar por una vía que lo llevará a la mina en donde permanecerá metido las próximas ocho horas.

La vía que conecta a Socotá con el resto del país tiene 17 kilómetros.
Isabella Bernal Vega.

II

Parada a la orilla de la carretera que conduce a la vereda Los Pinos encuentro restos de carbón. El tránsito de las volquetas que cargan este mineral es constante a cualquier hora del día. A mis pies hay un trozo del tamaño de la palma de mi mano. En su color negro destellan tonos índigo y mostaza, y en su composición se encuentran los restos de animales y plantas marinas que vivieron en este suelo hace trescientos millones de años. La levanto del suelo para detallar sus formas precipitadas y palpar su textura. El contorno es compacto y menos manchoso que los trozos de carbón vegetal usados para mantener el fuego de una parrilla.

La industria carbonífera boyacense tiene varias diferencias con la de los departamentos de La Guajira y Cesar, en la costa norte colombiana. Para empezar, la mayoría de las minas de Boyacá son un negocio de empresas familiares, no de multinacionales. Su producción está destinada al mercado interno del país. Fábricas, cementeras, ladrilleras, termoeléctricas, ingenios azucareros, entre otras industrias, lo requieren para producir la energía que mueve su maquinaria o para catalizar las fundiciones que producen acero. Según la Federación de Productores de Carbón de Boyacá, a 2022, su producción responde por el 13% de la matriz energética anual de Colombia y emplea de manera directa e indirecta a unas treinta mil personas.

El carbón de las multinacionales, en cambio, se vende en el mercado internacional y como sus procesos son altamente tecnificados emplean menos gente. En El Cerrejón, para citar el caso más grande, generaron en 2021 unos once mil empleos entre directos e indirectos, y han alcanzado a producir volúmenes cinco veces más altos que los de todo Boyacá.

Sostengo el trozo de carbón en la palma de mi mano y observo una realidad en la que existe un antes y un después en esta minería. Un pasado, quizás hasta los años ochenta, en el que estos pueblos de la Cordillera Oriental eran solamente agrícolas. Un presente originado a partir del auge económico de los años noventa que dio vida a las empresas carboníferas que hoy el grueso de la comunidad considera ejemplares y que ya suman más de treinta años de actividad; al mismo tiempo, empiezan a abundar las minas sin licencia y emerge la preocupación por el daño ambiental. Y un futuro para el que el gobierno actual ha hecho correr la idea de descarbonizar el PIB de Colombia deteniendo la producción de hidrocarburos y combustibles fósiles.

De cualquier manera, el carbón es un lubricante de las dinámicas sociales en los municipios mineros como Socotá, sobretodo porque el modelo energético global basado en la producción de energía a partir de combustibles fósiles hace que sea un sistema laboral muy rentable y eso motiva a las personas a buscarse un lugar.  

Las volquetas son fundamentales en la industria carbonífera del norte de Boyacá. Ellas trabajan por alquiler y transportan el carbón desde la boca de la mina hasta los centros de acopio.
Isabella Bernal Vega.

III

En la vereda Los Pinos, situada a cuarenta minutos de la cabecera municipal de Socotá, puede haber más de cien bocaminas ilegales. La cifra no ha sido confirmada por la Fiscalía, pero es un cálculo que hizo la comunidad con apoyo del Ejército y de la Alcaldía. 

Hasta hace menos de cinco años su paisaje era el de una ladera reverdecida por familias dedicadas a cultivar la tierra. Ahora, es un parche de erosión en el que las bocaminas se ven como arañas gigantes aferradas a la pendiente.

Según me explica Natalia Castro, secretaria de gobierno de Socotá, el apogeo minero en este pueblo empezó hace unas dos décadas. Las familias propietarias de pequeñas fincas fueron cambiando la agricultura por la extracción de carbón, cuando descubrieron la riqueza que se escondía debajo de sus pies.

El aumento de los precios de este combustible fósil en el último tiempo hizo que los habitantes de esta región buscaran participar de las ganancias a toda costa, incluso excavando huecos de manera ilegal. A finales de 2017, una tonelada en la boca de la mina —esto es, sin pagar el transporte a un punto de acopio— no alcanzaba a costar 100.000 pesos. Un año después ya valía 500.000 y en 2020 subió hasta un millón de pesos. Castro me dice que el 80 % de la población de este municipio depende de la minería. Y el 60 % trabaja en la ilegal. “Si se acabara este negocio en Socotá, se disminuiría la población porque la gente saldría a buscar otras fuentes de ingreso que aquí no ofrecemos. Y esto no sucede solo aquí, sino también en los municipios vecinos”.

En Boyacá existen tres formas de realizar la minería de carbón. En primer lugar, la tecnificada que extrae grandes volúmenes de material y cuenta con los dos permisos estatales que son el título minero —contrato de explotación— otorgado por la Agencia Nacional de Minería y la licencia de gestión ambiental que la entrega la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. En Socotá, según Natalia Castro, hay treinta empresas que caben en este renglón.

En segundo lugar, está la minería artesanal que no utiliza maquinaria industrial sino simples herramientas como baldes y picas para extraer pequeñas cantidades de carbón. Por último, están aquellos grupos de mineros que sin haber obtenido los permisos estatales se valen de maquinaria industrial, como taladros y volquetas, para extraer volúmenes medianos.

En estas tres formas o modalidades los salarios de los obreros dependen de la cantidad de material que sean capaces de extraer y no de las horas trabajadas. La mayoría de los mineros son hombres y pueden completar hasta cinco toneladas al día. A una tonelada se le dice “cochado”, palabra que viene de coche que son los vehículos utilizados para jalar el carbón desde el interior de la mina. Por cada cochado, el dueño de una mina legal o ilegal hoy paga unos 70.000 pesos. En la legal, reparte el ingreso de la producción quincenal o mensual en partes iguales entre todos los obreros, luego de descontar los gastos de seguridad social y demás requisitos de ley. En la ilegal, cada obrero recibe el pago proporcional a su rendimiento. Hay quienes son capaces de extraer hasta cinco cochados en una jornada que puede ser de más de ocho horas. Muchos solo trabajan dos o tres días a la semana y su empleador no cubre los parafiscales ni se preocupa por hacer inversiones que hagan más segura la operación en la mina.

Toda la producción viaja en volquetas hacia los centros de acopio que existen a lo largo de la vía Paz del Río-Socotá. Por ley, los centros de acopio deben exigir a los vendedores de carbón un documento llamado Registro Único de Comercializadores de Minerales (Rucom), que lo entrega la Agencia Nacional de Minería, para tener certeza de que el origen del producto que van a comprar es legal. Pero en la práctica no hay tal. Los centros de acopio blanquean el carbón ilegal incorporándolo a su bodega con un Rucom de alguna empresa fachada o de alguna que se presta para eso. Al final, con papeles o sin papeles, el carbón lo compran al mismo precio.

En el Alto de Sagra se encuentran varios centros de acopio de Socotá. Aquí se descarga todo el carbón que llega y luego es transportado en tractomulas hasta los clientes.
Isabella Bernal Vega.

Para un gobierno local tan pequeño, como es el de Socotá y en general los de los pueblos carboníferos del norte de Boyacá, la minería ilegal es una situación que los supera. Como lo muestran las cifras de la Secretaría de Gobierno, acá los mineros ilegales son más numerosos que los legales. Algunos propietarios de fincas no mineras han presentado denuncias en la Fiscalía alegando daños a quebradas y riachuelos ya formados e invasión a sus propiedades por parte de personas que entran a romper la tierra en busca de carbón. Estas denuncias son remitidas a la policía, que en compañía de funcionarios del gobierno local y de la autoridad ambiental Corpoboyacá, termina sellando esos huecos. En la Alcaldía saben que esas acciones son casi inútiles porque los mineros, al cabo de unos días, quitan los sellos y reactivan la extracción. Pero las autoridades no dejan de atender estas denuncias porque, al menos, sirve para evitar conflictos temporales entre la ciudadanía. En abril de este 2023, cerraron diez que habían sido abiertas en área de páramo.

El dato de bocaminas abiertas allí enreda aún más toda esta situación. Según las mediciones del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humbolt, autoridad estatal en la materia, la línea que determina el inicio de los ecosistemas del páramo en esta región del norte de Boyacá comienza en los 3.100 metros sobre el nivel del mar (msnm). De acuerdo con la Ley de Páramos, de 2017, la tierra por encima de esta frontera se hace intocable. Pero la que se encuentra por fuera, es decir, un poco más baja como el subpáramo —3.000 msnm— y el bosque seco —2.800 msnm— queda a merced de actividades económicas. Por eso, algunos de los propietarios de las minas ilegales con los que he conversado afirman que como sus minas no se encuentran por encima de los 3.100 msnm no están dañando áreas protegidas. Seguro tengan razón. Lo preocupante es que en las tierras más bajas también hay nacimientos y acuíferos que nadie protege. Y es notorio que algunos riachuelos que antes eran cristalinos hoy bajan teñidos de ocre.

El manto de carbón que se encuentra en capas horizontales a lo largo de estas montañas contiene aguas subterráneas. Cuando la perforación para extraer el mineral fractura la roca libera gases que contaminan estos acuíferos. Para continuar su trabajo, los mineros se ven obligados a sacar esas aguas hacia el exterior usando motobombas y mangueras. Una vez a la luz del sol, estas aguas se convierten en residuales y, por ley, deben ser tratadas antes de devolverlas al ecosistema. En general, las unidades mineras legales cumplen con este paso. No así las ilegales, que simplemente las dejan desembocar o las dirigen hacia las fuentes hídricas.

Los fragmentos de pino en la parte baja de esta mina, son una muestra de los árboles que fueron insertados por los mineros para la construcción de coches y rieles de madera.
Isabella Bernal Vega.

IV

Frente a una familia de frailejones con elegantes coronas de flores amarillas, el biólogo Carlos Lora, de 58 años, me dice, sonriendo: “Un frailejón como estos tarda cien años en crecer y es posible que aparezcan nuevas especies siempre y cuando haya tiempo y paciencia”.

Desde hace tres años, Lora es el director del Parque Natural Nacional Pisba que se encuentra dentro del Complejo Páramo de Pisba. Este complejo tiene más de 81.000 hectáreas y abarca a once municipios del norte de Boyacá, incluidos los cinco que viven de la minería de carbón: Socotá, Socha, Jericó, Gámeza y Tasco.

Los frailejones son plantas de páramo responsables de una tecnología que captura la humedad y la niebla del aire y la transforma en agua potable a través de pequeños vellos microscópicos. Son frágiles y necesitan de un contexto tranquilo para desempeñar su labor.  En Boyacá hay dieciséis especies endémicas de frailejones que, junto con otras plantas, son el hogar de colibríes, águilas, osos, conejos y venados. Pero que aquí, en las montañas más altas de Socotá, están en constante peligro porque debajo suyo hay toneladas de carbón.

Lora me dice que dentro del parque que dirige nadie hace minería porque su territorio, de 45 mil hectáreas, está bien delimitado y eso le permite a la oficina de Parques Nacionales hacer presencia permanente y penalizar a quienes no cumplan con la norma que prohíbe cualquier tipo de actividad agropecuaria y minera. En cambio, el resto del Complejo es vulnerable a quien quiera aprovecharse.  

Si bien el Estado intenta proteger los páramos mediante leyes, la realidad es que estos articulados no son funcionales porque en los territorios nadie los hace valer. Según el Gobierno nacional, el 66% de la minería ilegal se lleva a cabo en áreas de reserva y parques naturales. Lo cual quiere decir que, a pesar de las disposiciones legales, hay poco esfuerzo o falta de voluntad o simplemente incapacidad estatal para regular las acciones humanas en estos ecosistemas. Esto no sólo ha permitido el crecimiento desbocado de la minería ilegal en municipios como Socotá, también ha encendido rivalidades entre campesinos que no saben bien lo que está permitido o prohibido en estos ecosistemas.

Los fragmentos de pino en la parte baja de esta mina, son una muestra de los árboles que fueron insertados por los mineros para la construcción de coches y rieles de madera.
Isabella Bernal Vega.

El de Pisba es el páramo más poblado de Colombia, me explica Lora, con alrededor de 6.300 familias. Lo que significa que antes de la minería, los trabajos más productivos eran agrícolas, especialmente el cultivo de papa y la ganadería bovina extensiva, que requiere de la quema de tierras para su renovación. Valles enteros de pajonales, frailejones, chusques y romeros resultaron completamente destruidos hace más de diez años. Y esto aún se nota en la base pelada —sin vellosidad— de los frailejones que sufrieron el fuego. Hoy, gracias a un proceso de autorregulación, los campesinos han dejado de hacer lo que antes sus abuelos.

Nuestra historia hace que hoy la solución no sea la restricción completa de actividades humanas y productivas en el páramo. Hay que intentar construir una política social que reconozca la importancia de estos ecosistemas junto con la dependencia que los campesinos tienen de ellos. Colombia debe abrir el debate a la pregunta sobre cuánto estamos dispuestos a perder en términos ambientales a cambio de obtener los recursos de la minería. Para Lora, que lleva más de treinta años estudiando estos ecosistemas, la solución sería: “establecer una política social que reconozca la importancia sagrada del agua, tal como lo afirmaron los muiscas. Esto ayudaría a regular nuestras acciones en torno a lo esencial”.

Para el pueblo Muisca, que habitó este páramo entre los siglos XVI y XVII, el agua era sagrada y usaron el carbón para generar calor y cocer sus piezas de barro.

Colombia alberga el 60% de lo páramos del mundo. Pisba se encuentra sobre la Cordillera Oriental donde el agua y el carbón se traslapan. Isabella Bernal Vega.

V

A quince kilómetros de la plaza principal de Socotá, en la vereda el Curital se oye un sonido hondo dentro de una casa de adobe. El rumor se confunde con el de la corriente del agua que baja con fuerza desde el páramo de Pisba y hace rotar una roca redonda sobre una estructura de piedra que en su fricción transforma en harina blanca los granos de trigo depositados por un orificio. Con esa harina más tarde se harán arepas y panes de salvado.

Este molino hidráulico que antes funcionaba ininterrumpidamente para producir alimento ahora es una atracción turística para los ocasionales viajeros que vienen a estas tierras y visitan la casa de Rosa Cala. Ella cobra diez mil pesos por entrar. Algunos otros campesinos como Milciades Niño lo conservan como patrimonio familiar y ocasionalmente lo usan. El hecho es que son más las familias que abandonaron estos molinos y los dejaron volver chatarra.

“Ahora nadie siembra lo mismo de antes: trigo, papa, maíz. Ahora nadie siembra nada. Todos se dedican a la minería”, me dice Rogelio, un campesino de 64 años que nunca ha salido de Socotá. “A las minas llega gente de varios lados de Boyacá y últimamente de Venezuela. Hay piqueros, los que jalan el carbón, los que cuentan los cochados, hay trabajo para todos. Por eso ya nadie quiere ser agricultor”. Ya no hay mercado para oficios rudimentarios y antiguos como la molienda de trigo en estos molinos movidos con agua. Además, hay poquísimo interés en los jóvenes para dedicarse a trabajos como esos.

Tanto Rogelio como su esposa Flor —28 años de casados— conocen bien el avance de la minería en su región. Atestiguaron la transformación del paisaje, primero con el desarrollo de la minería legal que en su opinión no causa daño a nadie. Y ahora, con la oleada de minería ilegal. A principios de este año, Rogelio notó que sus cuatro vacas lecheras no querían beber agua de la quebrada que pasa a pocos metros de su casa. Había una especie de espuma brillante con sedimentos amarillos acumulados alrededor de las piedras. Con su teléfono celular, tomó algunas fotografías que aún conserva como evidencia de lo que él considera son consecuencias de la minería ilegal.

Flor me cuenta que esta mañana ordeñó sus vacas mientras su marido revisaba el cultivo de papas que dentro de poco dará cosecha. Ellos todavía viven en esa tierra donde nacieron sus hijos. Son una de las pocas familias que se mantiene alejada de la minería, a pesar de que es muy probable que en el subsuelo de su finca haya carbón. La razón, me dicen, es que presintieron que si empezaban a hacer huecos para sacar la entraña de la tierra podían echar a perder el suelo productivo que cultivan. Y no quisieron correr ese riesgo. 

Boyacá presenta la mayor cantidad de accidentes mineros en el país. El año pasado murieron 146 personas en las minas. Isabella Bernal Vega.

Aunque parezca que en los temas ambientales no quedan más opciones de coherencia moral que estar a favor de la protección del agua, me parece necesario tener en cuenta varios elementos de juicio a la hora de pensar el debate sobre la explotación de carbón en Colombia, sobre todo en el caso particular de Boyacá. Las siguientes observaciones quizá puedan tomarse como conclusiones parciales de este reportaje, pero son asuntos que valdría la pena ahondar en nuevas investigaciones:

-El 70% de los colombianos dependemos del agua que nace en los páramos, pero su protección es ambigua porque, aunque la Ley de Páramos restringe las actividades mineras y regula las actividades agrícolas en estos ecosistemas, no se hacen mayores esfuerzos ni inversiones que motiven su implementación.

-La delimitación estricta del páramo de Pisba definida, entre otros criterios, por la altitud dejaría por fuera ecosistemas como el bosque seco y el subpáramo que se conectan con el páramo para permitir el flujo de especies de gran tamaño como el oso andino. Si se quisiera proteger el agua habría que proteger a estas especies porque son sembradoras de bosque. Y eso solo podría hacerse comprendiendo la importancia de las áreas inmediatamente por debajo de la línea de páramo.

-La preocupación de los campesinos no mineros es que el día en que el Estado haga valer realmente la delimitación del páramo de Pisba para temas de conservación, ellos queden maniatados para continuar con su agricultura de subsistencia.

-El 13 de febrero de este año, en un descampado a las afueras de Tunja en la carretera con dirección a Bogotá amanecieron erguidas unas banderas del ELN. La noticia no tuvo mayor trascendencia. En julio, algo parecido: unas banderas de esta guerrilla aparecieron en la vía que comunica Duitama con Tibasosa y desde entonces circula un panfleto que según el Ejército Nacional “sólo hace parte de la estrategia de proselitismo político”, de esta guerrilla en el país y no significa una amenaza militar inmediata porque “en Boyacá no existen estructuras organizadas de esa guerrilla”. Durante mi trabajo de campo en Socotá varios campesinos que han denunciado los daños ambientales de la minería ilegal me contaron que recibieron amenazas de muerte supuestamente a nombre de esta guerrilla. Sin embargo, otras fuentes me contaron que lo más probable es que esas intimidaciones provengan de la misma gente que practica la minería ilegal con el ánimo de quitarse de encima a quienes les ponen problema. Sea como sea, esto es lo que siempre viene con las economías ilegales: la tentación de la violencia por el mero acto de controlar el dinero.

-Nuestro estilo de vida como ciudadanía global implica una relación de dependencia con el consumo masivo de energía. En Monguí, un pequeño pueblo cercano a Socotá, hace sesenta años sólo había dos televisores, mientras que hoy puede haber dos en cada hogar. Este ejemplo se amplifica significativamente en las ciudades. A finales de la década de 1960, el mundo contaba con aproximadamente 4.300 millones de habitantes y un consumo energético limitado. Según estimaciones recientes, esa cifra se ha duplicado. Esto explica el crecimiento de la minería de carbón. Si quisiéramos detener la explotación de combustibles fósiles e hidrocarburos para detener el cambio climático deberíamos tomarnos muy en serio la necesidad de modificar nuestro estilo de vida.

-El progreso de comunidades empobrecidas, entendido como un proyecto que incluye construcción de vías, electrificación, escuelas, acueductos, entre otros, obliga a un mayor consumo de energía. Querer reducirlo implicaría mermar o transformar esa noción de progreso.

-El pasado 15 de junio en una visita oficial a Berlín, el presidente Gustavo Petro afirmó: “Alemania le compra a Colombia, por desesperación, el veneno [carbón] y lo utiliza aquí para contribuir al cambio químico de la atmósfera”. Luego precisó que las exportaciones colombianas de carbón en 2023 habían crecido en un veinte por ciento. Para el gremio de productores de carbón legal en Boyacá, esta manera de expresarse por parte del presidente fue ofensiva con ellos porque los convierte automáticamente en productores de veneno. Y me contaron que cuando Petro era representante a la Cámara, en 1999, participó en un mitin en el Polideportivo de Ubaté a favor de los mineros de Boyacá y se expresó en micrófonos para reclamarle al gobierno nacional atención a este gremio que vivía una crisis de caída de los precios y reducción de la producción. En ese tiempo seguro Petro no consideraba que el carbón fuera un veneno ni que los mineros que estaba apoyando fueran productores de veneno.

-En Colombia, aproximadamente cincuenta mil personas dependen económicamente del carbón y más de la mitad están en Boyacá. Un número suficiente de trabajadores que deberían considerarse como afectados por las adversidades que traería un acelerado proceso de descarbonización. Ahora bien, más allá de estas cifras de empleo hay que considerar que en 2022 el país obtuvo más de 12.000 millones de dólares por exportación de carbón, según el DANE. Para detener la explotación de carbón habría que tener a la mano una manera de sustituir ese ingreso.

Edgar Bonilla, (30), trabaja en Sonoha, una empresa familiar que hace 35 años explota y comercializa carbón en Boyacá. Edgar es uno de los 170 empleados de esta compañía. Isabella Bernal Vega.

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