Las razones del estallido social
El 28 de abril de 2021 es una fecha histórica para el país, un momento disruptivo que cambiaría el rumbo de toda una nación. Ese día, Colombia fue sacudida por un estallido social sin precedentes en su historia, marcada por unas protestas sociales que exigían y lo hacían pacíficamente pero con criterio y contundencia en sus argumentos, unas protestas que como en ningún otro momento, se definirían con negociaciones por debajo de la mesa o por falsos líderes que vendieran la lucha a cambio de unas migajas de pan.
Lo que comenzó como una protesta pacífica contra una reforma tributaria propuesta por el gobierno del expresidente Iván Duque, rápidamente se convirtió en un movimiento colectivo, masivo y potente de descontento por parte de la muchachada y los trabajadores en todo el país.
La reforma tributaria que sirvió como «florero de Llorente», era una más de aquellas reformas que golpeaban a los más necesitados, incluía aumentos de impuestos y recortes en programas sociales, básicamente, gravaba a quienes venían soportando los costos fiscales, por eso, el levantamiento popular.
¿Qué ha pasado desde entonces?
Las demandas de los jóvenes y manifestantes rápidamente se expandieron para incluir el deseo de una reforma policial, mejoras en el acceso a la educación y la atención médica, y medidas efectivas para abordar la violencia y la corrupción. El Representante Alberto Tejada ha manifestado en reiteradas ocasiones, que la muchachada no buscaba privilegios, además porque nunca los habían tenido, buscaban 4 cosas principalmente, «estudio, oportunidades de empleo digno, que nadie duerma con hambre en el país y que se dejen de robar el país».
Es por ello, que nuestra curul salió nuevamente a los puntos de resistencia para conocer de viva voz, lo que han sucedido con nuestra muchachada después de estos dos años, algunos continuaron con sus actividades de barrio adentro, otros se convirtieron el líderes comunitarios, activistas, líderes políticos, candidatos, otros continuaron sus estudios y otros cuantos hoy, continuan su lucha por la libertad, porque el anterior gobierno los persiguió judicialmente para acallar un estallido que nunca podrá negar, aquí los testimonios, las denuncias y el llamado.
Katherine Girón, una gran líder social:
Los jóvenes judicializados con ocasión al estallido social reclamando por su justa libertad.
Los líderes de algunos puntos que hoy continúan luchando desde diferentes escenarios
Jevin Sanclemente, un líder de la resistencia que pretende llegar a una corporación pública
Severino Bonilla, un líder que trabaja Barrio Adentro
3 líderes de la resistencia, continúan su lucha desde diferentes escenarios
¿Pero qué fue lo que pasó?
Las protestas continuaron durante varios meses y se caracterizaron por la participación masiva de jóvenes, artistas, grupos de derechos humanos, colectivos de toda naturaleza, señores y señoras que apoyaban a la muchachada, simpatizantes, líderes… A medida que las protestas se intensificaron, también lo hizo la represión del gobierno, con informes de violaciones de los derechos humanos, uso excesivo de la fuerza policial y detenciones arbitrarias.
Una de las preocupaciones más urgentes fue el uso excesivo de la fuerza por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), una unidad de la policía dedicada a controlar multitudes y disturbios civiles. Los informes de abuso policial y violaciones de los derechos humanos por parte del ESMAD se multiplicaron a medida que las protestas continuaron.
Los videos de la policía disparando a manifestantes desarmados, golpeándolos con palos y rociándolos con gas lacrimógeno inundaron las redes sociales y los medios de comunicación. La indignación creció a medida que la cantidad de muertos y heridos aumentaba, con informes de más de 80 muertos y cientos de heridos durante las protestas, mutilados, desterrados, desaparecidos. Todos esas víctimas aún no son reparadas y ni siquiera se conoce un censo oficial al respecto.
A pesar de las condenas internacionales y las investigaciones en curso, el ESMAD continuó siendo uno de los principales instrumentos de represión del gobierno colombiano durante el estallido social. La brutalidad policial ha sido un problema persistente en Colombia, y las protestas de 2021 pusieron en evidencia la necesidad de una reforma profunda y duradera en las prácticas policiales y la protección de los derechos humanos.
Aunque el gobierno finalmente retiró la reforma tributaria, las protestas continuaron debido a las crecientes demandas de los manifestantes. El estallido social ha dejado una marca indeleble en la historia de Colombia y ha llevado a una reevaluación profunda de las políticas y prácticas del gobierno en materia de derechos humanos y justicia social.
Hasta la fecha, no se han impuesto sanciones internacionales específicas a Colombia por el abuso policial durante el estallido social de 2021. Sin embargo, la comunidad internacional ha instado al gobierno colombiano a respetar los derechos humanos y ha pedido investigaciones exhaustivas sobre los casos de violencia y abuso policial.
El gobierno colombiano ha sido objeto de críticas y llamados a la acción por parte de organizaciones de derechos humanos y líderes políticos internacionales para abordar la violencia policial y garantizar la protección de los derechos humanos de los ciudadanos.
La comunidad internacional ha expresado su preocupación por el manejo del Gobierno de Colombia de las protestas sociales durante el estallido social de 2021. A continuación, se mencionan algunos de los principales pronunciamientos:
- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha denunciado la violencia policial y ha pedido al gobierno de Colombia que respete el derecho a la protesta pacífica y tome medidas para proteger la vida e integridad de los manifestantes.
- El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha expresado su preocupación por la violencia y ha instado al gobierno colombiano a proteger los derechos humanos y permitir que la sociedad civil se exprese pacíficamente.
- La Unión Europea ha pedido una investigación exhaustiva de las denuncias de violaciones de los derechos humanos y ha instado a todas las partes a ejercer la máxima moderación.
- Amnistía Internacional ha denunciado la violencia policial y ha pedido al gobierno colombiano que respete el derecho a la protesta pacífica y garantice la protección de los derechos humanos de todos los ciudadanos.
- Varios líderes políticos y organizaciones sociales de América Latina también han expresado su solidaridad con el pueblo colombiano y han pedido al gobierno de Colombia que aborde las demandas legítimas de los manifestantes.
¿Que se viene ahora?
Después del estallido social en Colombia en 2021, el país enfrenta varios desafíos importantes para superar los efectos de la protesta criminalizada y avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria.
Uno de los principales retos es la reparación y justicia para las víctimas de abuso policial y violaciones de los derechos humanos durante las protestas. Esto implica investigaciones exhaustivas, la identificación y procesamiento de los responsables, y la implementación de medidas de reforma para garantizar la rendición de cuentas y la protección de los derechos humanos, además de la cesación de la persecución judicial a los jóvenes, hay alrededor de 200 personas judicializadas y mas de 100 en centros penitenciarios.
Otro reto importante es abordar las demandas de los manifestantes, que incluyen mejoras en la educación, facilidades para acceder al trabajo, la reforma policial y la lucha contra la corrupción. Esto implica la adopción de medidas concretas y significativas para abordar estas demandas, incluyendo el desarrollo de políticas públicas eficaces y la asignación de recursos. El país no puede verse de nuevo en un estallido pero eso depende de que se escuchen a tiempo las demandas de quienes entregaron sus vidas, su libertad, su voz, sus ojos y hasta su propia vivienda para lograr un cambio.
Además, es importante fomentar un diálogo abierto y constructivo entre los diferentes sectores de la sociedad, incluyendo el gobierno, los líderes comunitarios y los manifestantes. Esto puede ayudar a construir puentes y fomentar un sentido de unidad y propósito compartido para abordar los desafíos más urgentes que enfrenta Colombia.
En última instancia, superar el estallido social en Colombia requiere un compromiso colectivo con la justicia social y la igualdad, así como una disposición a escuchar y responder a las necesidades y demandas de la sociedad civil. Solo a través de la colaboración y el compromiso mutuo se puede construir una sociedad más justa y equitativa para todos los colombianos.