Por: Enrique Jorge Agreda (Foto: Facultad de Ciencias de la Administración, Universidad del Valle)

Escrita originalmente en enero de 2022

Estimado ciudadano,

La Ley, instrumento de poder. Creadora de Justicia o Injusticia.

A las expresiones de inconformidad, a la protesta social, se ha calificado como “Estallido Social” (1), se le atribuyen diversas CAUSAS, las más relevantes e inmediatas: oposición al proyecto de Ley de reforma tributaria (presentada por el Gobierno como Ley de solidaridad sostenible), y al proyecto de Ley de reforma al sistema de salud; demanda de educación gratuita y universal e implementación efectiva del Acuerdo de Paz; exigencia de reforma a la Policía, supresión del ESMAD, y lucha contra la corrupción.

EL BALANCE:

Muerte, mutilación -pérdida de la visión, violencia sexual, desaparecidos, privación arbitraria de la libertad, violación a los derechos humanos por organismos del Estado, bloqueos, participación de civiles armados contra manifestantes con anuencia de la Fuerza Pública, estigmatización de la protesta social, abuso de la fuerza pública, discriminación racial, limitación a la libertad de expresión (en particular en contra de medios y periodistas alternativos), violencia sobre los defensores y defensoras de los derechos humanos, criminalización de la protesta, actos de violencia contra la Fuerza Pública, destrucción de bienes públicos y privados (Naciones Unidas, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, 2021).

El “Estallido Social” ha contado con la participación de multitud de actores: estudiantes, obreros, amas de casa, profesores, indígenas, afrodescendientes, gremios, grupos sociales organizados, instituciones educativas (la experiencia de las clases a la calle -Universidad de los Andes, Universidad Nacional, Universidad del Valle, por citar ejemplos, fueron muchas más), ciudadanos en general.

Fenómeno observado desde diversas perspectivas, por Estados, instituciones, y medios, como los Estados Unidos, la Unión Europea, la ONU, la ONG Human Rights Watch, y otros, que han emitido sendos informes, todos ellos, denunciando y recomendando acciones en particular dirigidas al Gobierno y al Congreso.

Algo similar ocurre con los analistas que consideran lo vivido como un despertar democrático. En materia fiscal (Valdés, 2021), en la interpelación ciudadana a los poderes del Estado (Rosero Durango, 2021), en la creación de un sujeto político nuevo (Ávila, 2021).

Lo cierto y es el llamado de atención de esta carta, es que, la LEY es el instrumento a través del cual se construye el edificio de la JUSTICIA o la INJUSTICIA, ante la inminente aprobación de los proyectos de reforma tributaria y de la salud por el CONGRESO, la ciudadanía reaccionó y se produjo el “Estallido Social”.

El PRECIO pagado ha sido muy alto e inhumano, POR TANTO, se hace necesario corregir el camino, lograr LEYES que consulten las necesidades de los colombianos.

Cabe entonces preguntarse ¿Quién hace la LEY? Según la Constitución Política, es función del Congreso, Artículo 114 C.N., “Corresponde al Congreso de la República reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer control político sobre el gobierno y la administración. El Congreso de la República, estará integrado por el Senado y la Cámara de Representantes”.

¿Por mandato de quién? Del pueblo. Artículo 3 C.N. “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece”.

¿Si el pueblo es soberano, cómo ejerce su soberanía? Según el Artículo 103 C.N., “Son mecanismos departicipación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. La Ley los reglamentará…”.

El PUEBLO tiene por tanto el PODER de OTORGAR PODER a quienes hacen la LEY, al elegir a Senadores y Representantes sella su suerte en primera instancia, aunque conserve poder para ejercer CONTROL a través de otros mecanismos.

¿Imaginan lo que significa perder los ojos, la vida o la libertad por una causa que puede tener una forma de resolverse no violenta? Con todo respeto por los que han padecido en carne propia, por todos y todas, es hora del ejercicio de los derechos que concede la Constitución Política, EJERCER LA SOBERANÍA.

La consigna es MARCHAR a la URNAS, ENTREGAR EL PODER DE HACER LA LEY a REPRESENTANTES que REPRESENTEN EL INTERÉS GENERAL, como ciudadanos tenemos la oportunidad de hacer LEYES que permitan crear JUSTICIA.

No se trata de un Congreso que fabrique leyes en serie. “En promedio, cada cinco días se aprueba una nueva ley en Colombia” (Forero Ortiz, 2020).

Se trata de hacer Leyes en serio, que afronten los problemas estructurales del país, que se constituyan en el camino para resolver las causas del “Estallido Social”, que priorice la solidaridad.

Dos frases que nos pueden inspirar:

“Si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor” de Desmond Tutu (q.e.p.d.); a propósito de la pandemia, pero, seguro aplicable a nuestra crisis social.

Advierte Morin (2020), es hora de reformas, “…reformas que no son cambios de orden presupuestario, sino que son reformas de civilización, de sociedad, ligadas a reformas de vida…”

EL LLAMADO RESPETUOSO:

Inscribir la cédula para ejercer la SOBERANÍA a través del voto. Vender el voto, votar bajo presión o miedo, es condenarnos a cuatro años de LEYES INJUSTAS.

Fraternalmente,

Jorge Agreda M.,
Ciudadano colombiano
[email protected]

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(1) Es un fenómeno que ha estado ocurriendo en diversos lugares del mundo, para el caso colombiano, algunas de las alusiones al “Estallido Social” en los medios: (DW, 2021), (WOLA – Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, 2021), (Oquendo, 2021), (Neira Goyeneche, 2021).

*Profesor de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle en Cali, profesional en Contaduría pública de la Universidad del Valle y Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Libre, especialista en Gerencia tributaria de la Universidad libre, magíster en Ciencias de la Organización de la Universidad del Valle y doctorando en Derecho de la Universidad Libre.

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