Por: Pablo Borrero y Luz Betty Borrero, ambos: Abogados constitucionalistas, Doctores en Ciencias Políticas y Veedores de Democracia y Convivencia Ciudadana.

El tema de los derechos y libertades de los ciudadanos es quizás uno de los aspectos más sobresalientes y trascendentales de cuantos aparecen consagrados en la constitución, toda vez que el grado de libertad de las personas debe medirse en función de las posibilidades reales de poder valerse de los bienes sociales para satisfacer sus necesidades e intereses individuales y sociales. La inclusión de un verdadero catálogo de derechos constituyó un avance significativo en comparación a lo que antes existía en la Constitución de 1886, en la cual no se reconocían los derechos económicos, sociales y culturales, como derechos constitucionales fundamentales y mucho menos se establecía en favor de los ciudadanos los mecanismos judiciales para defenderlos de eventuales amenazas o violaciones de los mismos. Sin embargo, dicho amparo judicial o acción de tutela no se extendió a los derechos económicos sociales y culturales en virtud de que estos no fueron considerados por los constituyentes como derechos fundamentales, además de que su promoción y garantía quedaron sujetos a las contingencias políticas de los gobernantes en materia de crecimiento y desarrollo de la economía, aplazándose en forma indeterminada e indefinida su cumplimiento, casi siempre mediatizado por los compromisos adquiridos cuando no era que con sus políticas antipopulares terminaban acabando de un tajo con las conquistas y reivindicaciones políticas y sociales de los trabajadores y ciudadanos en general, tal como ha sucedido con la aprobación de más de 53 reformas y contrarreformas que atentan contra el Estado Social de Derecho.

En estas condiciones la aplicación de los derechos económicos, sociales y culturales no deja de ser más que simples declaraciones formales contenidas en la Constitución, pactos y convenciones internacionales de derechos, en lo que se conoce como el bloque de constitucionalidad empleado como instrumento para efecto de su interpretación jurídico política. Partiendo de la base de que los derechos humanos tienen carácter universal y que están interrelacionados, no es posible aceptar la teoría de separar los derechos económicos, sociales y culturales de los derechos civiles y políticos, ya que el ejercicio y la defensa de estos últimos resulta imposible de realizarlos sin el goce y satisfacción de los primeros. De ahí la necesidad de introducir una modificación constitucional que permita unificar el ejercicio y la garantía de esos derechos como fundamentales. Por otra parte, es menester exigir del Estado la creación de las condiciones económico-materiales, sociales, culturales y ambientales indispensables para la realización de estos derechos considerados como básicos y esenciales para el desarrollo de la sociedad y de los ciudadanos.

La conmemoración de los 75 años de la Carta Universal de Derechos Humanos se da en medio de dos guerras que no solo han dejado miles de personas fallecidas y otras heridas, sino que en general han traído un retroceso histórico de los derechos humanos en tanto que la ONU poco o nada contribuye a garantizar su aplicación generándose una gran frustración a nivel mundial.

En el día universal de los Derechos Humanos invitamos a los ciudadanos y a sus organizaciones sociales y políticas a reflexionar sobre el presente y el futuro de los Derechos Humanos como parte fundamental de la existencia y desarrollo de la vida social e individual.

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