Jose Ignacio Imbachí
Politologo – Especialista en Gobierno Local
A nueve meses de la llegada al poder del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, el postulado de convertir al primer gobierno de izquierda de Colombia en un gobierno transformador de las estructuras sociales a través de reformas de fondo en los sistemas de salud, trabajo y pensión actuales, va pareciendo incierto y su horizonte se refleja cada vez más nubloso, por causa, a mi parecer, de tres factores fundamentales:
Primero: una demora exagerada en los tiempos del trámite legislativo. Para nadie es un secreto que los principales Proyectos de Ley mediante los cuales el gobierno nacional ha pretendido impulsar un ciclo de reformas estructurales en el país, como los son la reforma laboral, la reforma pensional y la reforma a la salud, no han recibido la relevancia que se esperaría por parte de los responsables de las carteras correspondientes, ni han contado con una gestión expedita de los ponentes designados en el Congreso.
Por ejemplo, en el caso de las dos primeras se ha podido evidenciar que su trámite legislativo ha tardado demasiado tiempo, pues a poco menos de un mes para el cierre del primer periodo legislativo de 2023, la reforma laboral apenas se radicó en la comisión séptima de la Cámara de Representantes esta semana, el 17 de mayo, y la pensional ni siquiera cuenta con una ponencia oficial que radicar en la comisión que le corresponde para empezar con el trámite exigido dentro de la Ley 5° de 1992, que es la norma que reglamenta el funcionamiento del Congreso. Mientras que, por otro lado, la muy mentada y poco clara reforma a la salud, pese a su radicación oportuna, hoy, después de muchos debates, polémicas y un par Ministros sacrificados, no ha podido consolidar un texto definitivo para avanzar en su debate dentro de los tiempos que corresponde.
Segundo: la falta de cohesión y las frustradas coaliciones del gobierno en el Congreso de la República. La debilidad evidente de muchos de los jefes de cartera del gobierno Petro al momento de concertar las reformas con sectores ajenos a este y la poca empatía que estos han demostrado frente a las objeciones que, fundamentadas o no, se han presentado contra sus textos, han sido, por mucho, las causas principales de que las intenciones legislativas del presidente no se estén viendo materializadas dentro del Congreso de la República.
Esto, más allá de que las ideas plasmadas en el papel de los textos propuestos por el gobierno nacional – en los casos donde existe texto, al menos – no sean de buen recibo para quienes conciben al país de manera diferente y buscan defender intereses propios o ajenos por sobre el devenir de los ciudadanos del común, pues todo pareciera indicar que el problema central en la obstrucción de las iniciativas presentadas hasta el momento en el Congreso han radicado más en el manejo político que el gobierno central (no) ha tenido con los sectores más fuertes del legislativo, que en el contenido mismo de las ponencias de transformación sugeridas.
Tercero: inexperiencia y exceso de activismo de los alfiles del “Pacto Histórico”. Si bien la promesa de cambio que personificó en su momento la figura del Presidente de la República venía cargada con la esperanza del grueso de colombianos que votamos por él, el movimiento que arrastró a cuestas su nombre y que se configuró con la Colombia Humana y el Pacto Histórico en una de las bancadas de gobierno más grandes de los últimos tiempos, no ha cumplido, ni en las sombras, con las expectativas que generó inicialmente su configuración en las dos cámaras del Congreso y, lo que es peor, ha contribuido inconscientemente a sofocar de a poco la llamarada primigenia que llegó con el gobierno del cambio.
Pues para el caso puntual de la reformas insignias del gobierno nacional, el proceder poco ortodoxo de sus ponentes y la inexperiencia evidente al interior del Congreso, sumados al poco tacto para controvertir a opositores, sectores de la sociedad civil, gremios y medios de comunicación críticos ante los temas más sensibles de estas, aunado además a la escasa presencia de los equipos ministeriales en todo el proceso legislativo, le han pasado cuenta de cobro al gobierno nacional que ha tenido que invertir tiempo y energía en retomar varias veces el rumbo de sus intereses y han mantenido en la incertidumbre la materialización de sus reformas, al menos, dentro de los plazos de la legislatura que ya casi acaba.
Dicho esto, más allá de que la tarea legislativa de quienes representan la Colombia Humana en el Congreso no venga andando de la manera que se hubiera pretendido en un comienzo, el gobierno nacional, a través de su poder ejecutivo y sus buenas gestiones ministeriales, debería ir considerando que, más allá de las necesidades evidentes de que sus pares en el legislativo avancen como les corresponde, la tarea de cimentar las bases del esperado cambio en el rumbo del país recae sobre sus hombros y no puede detenerse, por lo que tendrá que reconsiderar algunas decisiones que, desde la buena intención de unir al país con sectores políticos más tradicionales, han limitado el alcance, intangible aun, del ondear de las banderas del cambio y han servido como escampadero del tradicionalismo disfrazado de alternativa.
De esta manera, se hace urgente tomar acción para que los tres años que restan de gobierno no se queden en buenas intenciones y discursos grandilocuentes, porque los cambios de los que adolece el país y que afloraron con la llegada del presidente Petro a la primera magistratura de Colombia requieren, sin duda, de una transformación normativa arriesgada, pero no se puede limitar a esta, pues el presidente Petro, como otros en su momento, no puede manejar los hilos de la rama Legislativa a su antojo; su experiencia en lo político, más una vida entera de luchas y reivindicaciones sociales le deberían permitir saberlo y actuar efectivamente en consecuencia antes que sea demasiado tarde.