Por: José Ignacio Imbachí, Politólogo especialista en Gobierno Local

Cada vez está más cerca el final del 2.023 y, como siempre pasa, el ambiente de las cosas, de todas las cosas: los espacios comunes, las oficinas, las calles, los centros de comercio, las casas, los bares, los parques y, en general, todo lugar donde se presenta alguna interacción humana, se va impregnando de un no sé qué que invita a reflexionar sobre lo que se hizo, lo que faltó por hacer, lo que se debería haber hecho mejor y lo que, sí o sí, se tendrá que hacer durante el nuevo año.

Este sentimiento generalizado, desde mi perspectiva personal al menos, se refleja en los espacios que frecuentamos y con las personas que compartimos, por lo que, al tener la oportunidad de trabajar en la Casa de las Leyes del país, se me da bien exponer mi punto de vista de lo que considero puede traer el 2.024 en materia política.

Dicho esto, la primera sensación que me deja el fin de año respecto al Gobierno Nacional es que, pese a la férrea oposición que ha recibido desde todos los frentes del poder tradicional que se mantienen (políticos, económicos y sociales), continúa con la firme intención de quedar en la historia del país como un gobierno reformista y constructor de los nuevos cimientos de la realidad nacional, con una visión enfocada en los sectores populares y las clases menos favorecidas. Y que, aunque un poco más lento de lo que esperábamos quienes votamos por un cambio en el régimen de Colombia, el espacio ganado por la izquierda durante este año y medio deja una sensación de esperanza para afrontar lo que está por venir.

Es por esto que, el avance en la agenda legislativa dentro del Congreso de la República, el reconocimiento del Campesino como sujeto de derechos, las miles de hectáreas de tierra tituladas a favor de campesinos, desplazados y otras víctimas de la violencia, la entrada en funcionamiento del Ministerio de la Igualdad, las nuevas directrices para los beneficiarios de los programas de Prosperidad Social y las cifras de inflación y desempleo a la baja, así como el reconocimiento internacional del presidente Petro como un líder global en materia de defensa de Derechos Humanos y del Cambio Climático; demuestran que la voluntad política de quien toma las decisiones trascendentales, aunado a la capacidad y la humanidad de quienes lideran las instituciones del país encargadas de materializarlas, sigue siendo punto de partida suficiente para forjar un nuevo futuro para Colombia.

Además, se debe recordar que el 2.024 llegará con cambios importantes en materia de gobernabilidad: primero, será el primer año de este periodo presidencial que se ejecutará con un presupuesto construido enteramente por el gobierno del cambio y que fue pensado para sacar adelante las metas del Plan de Desarrollo que ganó en las urnas; segundo, habrá cambio en la cabeza de la Fiscalía, que dejará por fuera al amigo de colegio del expresidente Duque, que ha demostrado ser uno de los máximos opositores del gobierno Petro-Márquez; y, tercero, traerá nuevas administraciones locales que, si bien desde las urnas no entregó el resultado que el gobierno esperaba, sí le permitirá un amplio margen de negociación para consensuar la materialización en los territorios de su programa de gobierno.   

En lo que corresponde al trabajo del Congreso de la República, el cierre de 2.023 no hubiera podido terminar mejor para los intereses del gobierno nacional, al menos en la Cámara de Representantes donde la plenaria aprobó la Reforma a la Salud, La Comisión Primera aprobó en primer debate la Reforma a la Ley Estatutaria a la Educación y la Comisión Séptima propició la aprobación de los primeros artículos de la Reforma Laboral, dejando, inclusive, un buen ambiente de cara a lo que será la radicación del texto final de la reforma pensional. 

Sin embargo, el espacio de receso legislativo que empezó para los parlamentarios el 16 de diciembre del año que termina y se extenderá hasta el 15 de febrero de 2.024, le debe permitir al gobierno nacional ajustar sus estrategias para trabajar en una mejor cohesión de sus bases políticas que garantice unos partidos de gobierno alineados a las necesidades del cambio y que reduzca al máximo las prácticas dilatorias que se vieron durante todo el trámite de la reforma a la salud y que ya hundió, en un primer intento, la reforma laboral. 

También, a manera de crítica, el gobierno nacional debería aprovechar este espacio de reflexión y espíritu navideño para repensar su estrategia de negociación con los grupos armados al margen de la ley incluidos dentro de su política de Paz Total para asegurar un ejercicio de respeto hacia la defensa de los Derechos Humanos y la autoridad que debe imponer y no permitir que el anhelado fin del conflicto se tenga que soportar en acciones unilaterales de violencia injustificada, ni en condicionamientos absurdos en contra de las facultades constitucionales del poder ejecutivo y al ejercicio legítimo de la fuerza cuando fuese necesario. Los altos índices de violencia, la delincuencia desbordada y el poco accionar de la fuerza pública, no pueden ser el costo a pagar para que los colombianos vivamos en paz. 

De la misma manera, se deberían revisar profundamente las actuaciones administrativas de algunos altos funcionarios de gobierno que, por un lado, no han parecido entender que el primer gobierno de izquierda de Colombia no puede permitirse personalismos, ni mucho menos acciones de codicia, corrupción, amiguismo y clientelismo como sus antecesores, sino que deben demostrar integridad en la toma de decisiones y capacidad en el manejo de los recursos públicos, para que, con acciones reales y no sólo desde el discurso, se pueda demostrar qué este periodo presidencial sí va a propiciar un cambio de rumbo en la política añeja de Colombia. Como también se hace necesario que el capitán del barco tome medidas contundentes que permitan potenciar de una vez por todas la capacidad ejecutiva de sus funcionarios, para que los avances de los planes de acción incluidos dentro de las metas de gobierno se materialicen en los plazos que son deseables y que la ejecución de los recursos dispuestos para ello, vayan a la par de la necesidad de las personas que no puede esperar más para recibir los beneficios que debería traer consigo el haber votado masivamente por el presidente que tenemos ahora.

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