El gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, ha culminado una de tres etapas, que considero esenciales, para poder cumplir con los objetivos de la administración pública, esta es, la reforma al sistema tributario nacional.
Colombia tiene un bajo recaudo nacional de impuestos con una cifra de 18,7% como porcentaje del PIB. Es baja comparada con los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), al que pertenecemos, que tiene un promedio de 33,5%, pero también con la región, pues América Latina recauda 21,9%. En otras palabras, tenemos menos recursos para invertir en la sociedad a como lo pueden hacer otros países.
Es significativo este porcentaje, entre más recaude en ingresos corrientes el país más gasto social podrá realizar el ejecutivo. Pero no es la única razón, también se conjugaron otras características, como que los impuestos sean progresivos, es decir, quienes más ingresos obtengan mayores impuestos deben pagar; también, era fundamental que se aprobara iniciando su mandato de cuatro años, así se cuenta con una fuente de financiamiento segura para todo su periodo presidencial.
La segunda etapa es el presupuesto general que, aunque ya se aprobó para 2023, será una tarea reiterativa en cada uno de los próximos tres años. Ahora bien, de una buena relación entre el recaudo tributario y la ejecución del presupuesto se espera, como resultado, una disminución en la desigualdad que en 2021 cerró con un índice de Gini de 0,523, la desigualdad más alta de la región. Un ejemplo de ello es tener en este presupuesto como rubro más importante a la educación, lo que amplía las oportunidades de movilidad social para los estratos más bajos del país.
La tercera etapa es la deuda pública, básicamente el presupuesto que no se pueda cubrir con los ingresos corrientes ni con los ingresos de capital no se dejan de atender, sino que se recurre a la deuda pública para ello. Los Estados contraen deuda según sus necesidades, sin embargo, la pandemia de la COVID-19 declarada en 2020 por la OMS creó una crisis social y económica originando un mayor gasto público que afectó las finanzas públicas del país, por lo que tuvo que recurrirse a una mayor deuda con organismos multilaterales de crédito, creciendo en un 44,97% entre 2020 y 2021.
Por esto, el gobierno nacional no lo tiene fácil, la apuesta de esta administración es la de no endeudar más a Colombia, dadas las altas tasas de interés actuales y una posible recesión en Estados Unidos el próximo año, por lo que recurrirá, máximo, a canjear la deuda vieja de vencimiento en el corto plazo por deuda nueva a más largo plazo.
En resumen, este gobierno está siguiendo una estrategia responsable en materia económica con la que logrará i) confianza en los mercados internacionales y, a su vez, ii) una política económica social.