Por: José Luis Luna Agudelo, Mg. en Administración Pública
Las elecciones territoriales ofrecen a los votantes, alejados del centro del país, la oportunidad
para gobernarse con autonomía: administrativa, fiscal y, en especial, política.
No obstante, el panorama antes de las elecciones era una pugna de los candidatos de los
partidos políticos de siempre, aquellos que gozan de la llamada maquinaria, hoy en la
oposición, y los candidatos que apoyan al gobierno nacional. Los grandes partidos tienen
músculo financiero y ejercen presión para que sus candidatos sean ampliamente conocidos y
figuren públicamente para una mayor recordación en la mente de los votantes, por el otro
lado, los candidatos de partidos políticos pequeños, incluyendo a los que tenían aval del
partido de gobierno, figuraban más por ser la continuidad de las políticas públicas nacionales
en los territorios. En resumen, las elecciones territoriales se convirtieron en la extensión del
poder político nacional, los que apoyan al gobierno nacional o la oposición.
Pasadas ya las votaciones, el Valle del Cauca se muestra como un departamento
mayoritariamente de centroderecha, según La Silla Vacía. Las estadísticas son dicientes:
- El partido de la U, solo o en coaliciones, llegó al 50% de las alcaldías.
- Las mujeres que llegan al poder municipal representan el 21% del total.
- Partidos tradicionales como el Liberal, el Conservador, Cambio Radical y alianza
Verde, todos juntos, llegaron al poder, solos o con coalición, solo en 21% de los
municipios. - Los que se la jugaron por firmas o independientes obtuvieron mejores resultados con
26% del total. - No hubo un solo elegido por el Pacto Histórico
Lo anterior nos indica un camino de políticas públicas que pueden estar muy distanciadas de
las del Gobierno Nacional, algo que puede comprometer el desarrollo de la región. Está por
aprobarse la totalidad de artículos de la Reforma a la Salud, y la construcción de los Centros
de Atención Primaria en Salud pueden verse ralentizados, dado que el partido de la
nuevamente gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y la mitad de los municipios de
este departamento no comparten del todo esta iniciativa. La articulación de los planes de
desarrollo de los territorios con el Plan Nacional de Desarrollo se verá complejo, pues si bien
también habrá reformas en los temas laboral y pensional, es en salud donde se requiere la
corresponsabilidad de los entes territoriales para la creación de los CAPS.
Las administraciones municipales acabadas de elegir, junto con la gobernación, tendrán que
dialogar con el Gobierno Nacional para sacar adelante los programas en los que tengan
concurrencia tanto de recursos públicos como de desarrollo social, tales como: vías terciarias,
sistema férreo para carga, tren de cercanías para pasajeros, dragado del puerto de
Buenaventura, concesión del aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón y sin olvidar
que una de las obligaciones constitucionales se centra, precisamente, en el tema de la salud
como un servicio prioritario, sobre todo ahora que la empresa Dimerco SAS reclama un lucro
cesante a la Industria de Licores del Valle por más de 169 mil millones de pesos.